El presidente del CDDA sostiene que la estabilidad energética puede dar certeza jurídica y reglas predecibles al país

El desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles constituye el núcleo del acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos, un entendimiento que, según Leopoldo Martínez Nucete, puede convertirse en el ancla de la recuperación nacional.

El exdiputado y presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) resalta que la asociación tiene un horizonte de largo plazo y una estructura institucional que la protege de los ciclos políticos. “Todos los derechos y obligaciones de la transacción pertenecerán a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El acuerdo sobrevivirá a cualquier ocupante de la Casa Blanca”, afirma.

Ese mismo criterio aplica del lado venezolano, donde las obligaciones dependerían de “instituciones, contratos válidos y reglas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno”.

Las proyecciones oficiales estiman que el proyecto podría atraer más de 100.000 millones de dólares en inversiones y generar unos 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios. Las reservas continuarían siendo propiedad de Venezuela, mientras Estados Unidos tendría una participación mayoritaria en la producción de esos campos.

Martínez considera clave la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar contratos de participación en la producción, un mecanismo que facilitaría la entrada de capital privado y la recuperación de campos sin alterar la propiedad estatal de los yacimientos.

Sobre la dimensión política del acuerdo, es explícito: “Una asociación energética estable también anclaría la transición política del país e incentivaría el establecimiento de reglas predecibles, certeza jurídica y estabilidad”.

Su recomendación para maximizar el resultado pasa por someter los recursos a presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria.